De presos políticos: cosas obvias que se olvidan y comparaciones odiosas


La escalada represiva en el estado español se ha convertido ya en algo instaurado y normalizado por los medios de comunicación. Cada mes hay nuevas sentencias condenatorias a activistas sociales, tuiter@s, artistas y cargos políticos, a menudo con condenas de prisión. Los tertulianos y tertulianas, pelotas y palmeros del régimen, insisten en que el estado español es democrático y niegan iracundos que existan presos y presas políticas, mientras hipócritamente critican a otros países por supuestos abusos contra las libertades.

Para clarificar lo que está sucediendo hay que recordar algunos conceptos básicos que la derecha, las instituciones europeas y la prensa han retorcido y usan según les conviene.

Para empezar, conviene distinguir el concepto de preso político y preso de conciencia. Un preso político es una persona encarcelada por movilizarse y luchar contra un estado o un gobierno, o sus políticas, según sus ideales. Se considera también preso político a quien sufre discriminación en el trato judicial por ser opositor/a al gobierno o régimen. Esto en principio, pero no hay una definición internacionalmente aceptada. Tradicionalmente se ha considerado presas o presos políticos a personas que no necesariamente eran pacíficas, incluso a guerriller@s, siempre que sus motivaciones fueran netamente políticas. Un preso de conciencia, en cambio, no es exactamente lo mismo. Sería una persona encarcelada por expresar y difundir sus opiniones políticas, contrarias al régimen en el que vive.

En principio se excluye de estas definiciones aquellas personas cuya motivación principal no es la política, sino la de enriquecerse personalmente, como es el caso de los mercenarios o paramilitares, o personas que sólo aspiran a hacerse con el poder para su propio beneficio.

Por supuesto, ningún estado reconoce que tiene presos políticos o de conciencia. Las tiranías más crueles, como por ejemplo Arabia Saudí, siempre aducen que la persona encarcelada ha cometido delitos tipificados como tales en las leyes del país. La persona no estaría encarcelada por “opinar o pronunciarse contra el gobierno” sino por otros delitos (que normalmente tienen que ver con el terrorismo o las injurias). Pero esto es básicamente lo mismo que hacen los estados supuestamente democráticos. Y es lógico que los presos y presas políticas sean acusados de vulnerar las leyes, e incluso que sean culpables de dichos delitos; si se lucha consecuentemente contra las injusticias, es casi imposible no rebasar el marco legal que un régimen admite como marco de protesta. Obedeciendo las leyes de una tiranía no conseguiremos derrocarla. Analicemos un ejemplo reconocido internacionalmente: Nelson Mandela.

Se trata de una de las figuras más reconocidas internacionalmente como ejemplo de preso político. Desde la derecha a la izquierda, hay ahora un consenso absoluto en considerarle como tal, habiendo recibido todo tipo de homenajes internacionales. Pues bien, Nelson Mandela fue encarcelado bajo acusaciones de intentos de derrocar el apartheid sudafricano, abandonar el país sin permiso, organizar sabotajes y liderar una guerra de guerrillas. ¿Acaso todo eran acusaciones falsas? Rotundamente, NO.

El propio Mandela sólo negó el hecho de ser el líder de una organización armada, asumiendo el resto de cargos como acciones políticas y defendiéndolas con valentía ante los tribunales. Y parece difícil de creer que no tuviera relación alguna con la actividad armada del Congreso Nacional Africano, que EEUU incluyó en su lista de organizaciones terroristas. Sin embargo, su lucha contra el racismo y la discriminación triunfó, y quien fue considerado en otras épocas como un terrorista es hoy reconocido (con justicia) como un líder y preso político. Lo que nos muestra otro fenómeno: las consideraciones éticas y políticas sobre las personas cambian, sobre todo cuando se vence.

Partiendo de este ejemplo, y sin querer comparar la altura política y moral de Nelson Mandela con la de nadie, podemos desmontar el discurso dominante que la prensa española, la derecha y la izquierda más cobarde nos quieren imponer. En el estado español sí hay presos y presas políticas y de conciencia. Y la derecha española presenta como presos políticos internacionales a personajes que están implicados en la organización de asesinatos y atentados.

Para empezar, hay que insistir en que no es necesario ser una persona absolutamente pacífica e inocente de todo daño para que se te considere como presa o preso político. Mandela promovió el sabotaje y  la lucha armada, entendiendo (como la mayoría de la población negra en Sudáfrica) que eran vías válidas para luchar contra el apartheid.

En la izquierda española esto se ha olvidado, junto con otro fenómeno muy relacionado: si eres tan pacífico e inocente que no haces nada serio por cambiar las cosas, un régimen no te castigará; te ignorará o incluso te aceptará para que quienes sí luchan contra las injusticias se vean deslegitimados. En muchos casos se apunta al “sumiso discordante”, inofensivo para el estado, como modelo a seguir frente a las personas comprometidas y coherentes, que son señaladas como “extremistas” o cada vez más como “terroristas”.

Un ejemplo de esto, en el terreno estrictamente institucional, serían las “izquierdas del cambio”: el estado carga contra los independentistas catalanes, no contra Pablo Iglesias o Alberto Garzón. Evidentemente, tiene que tolerar alguna disidencia, y como estos dos pusilánimes no le plantean pulsos o retos, ni tienen oportunidades de llegar a gobernar, no les ataca con toda su fuerza. Cuán distinto sería todo si asumieran una lucha consecuente por la República, por ejemplo, llamando a la gente a tomar las calles e incomodar al régimen. Sin duda, habría medidas represivas graves.

Tampoco hay que olvidar que las luchas tienen un coste. Los estados son vengativos, y no van a dejar pasar la ocasión de reprimir a quien se ha rebelado contra él. Incluso las luchas más masivas, con mayor legitimidad y apoyo social, pasan por esto. Un ejemplo podría ser Gamonal: la fiscalía ha intentado encarcelar a decenas de personas por las protestas de 2014, sin importarle además que fueran detenidas arbitrariamente y que la mayoría ni siquiera estuvieran participando en las manifestaciones. A día de hoy, seguimos pendientes de la sentencia del último juicio, con peticiones de prisión de dos años de cárcel para 5 vecin@s. Mientras tanto, los constructores que promovían esa obra siguen sin ser juzgados por los hechos de corrupción que se han conocido posteriormente (su implicación en las tramas de las operaciones Púnica y Lezo). La “neutralidad política” e “imparcialidad” de las instituciones judiciales son una quimera, obviamente.

Esto contrasta también con el torticero uso del concepto de preso o presa política que tiene la derecha española en Venezuela. Nos han robado el lenguaje con total desparpajo. Hace veinte años nadie se atrevería a calificar como tal a oligarcas, millonarios, reaccionarios, que dan golpes de estado fallidos contra gobiernos de izquierda con el resultado de decenas de muertes. Tampoco a quien promueve ataques incendiarios a servicios públicos que utiliza exclusivamente la clase trabajadora, como los hospitales  y centros de salud, las guarderías estatales (incluso con niños y niñas dentro), el transporte público, cooperativas obreras o radios y televisiones autogestionadas por organizaciones populares. Ni a quienes han defraudado impuestos o desviado fondos públicos o practicado estafas bancarias. Pues bien, “opositores” venezolanos acaudalados como Leopoldo López, Antonio Ledezma o Manuel Rosales son responsables absolutos y confesos de la organización de todo este tipo de actos. Y la derecha española y europea les reconoce sin rubor como “presos políticos” e incluso les concede premios. Pero, tristemente, no es sólo la derecha. La cobardía política de buena parte de la izquierda española es tal que, lejos de airear estas contradicciones y de denunciar la manipulación informativa, se calla y se deja mentir a la derecha impunemente. Incluso más allá: la propia alcaldesa Manuela Carmena se ha implicado activamente en la defensa de un banquero estafador que financiaba a mercenarios golpistas en Venezuela, y a la jueza corrupta que le permitió escapar del país rumbo a EEUU. Ni una palabra de apoyo, en cambio, a Alfon, a pesar del amplio movimiento de apoyo en Vallecas y el resto de Madrid que denunciaban un montaje policial.

Además, los delitos contra minorías o activistas cometidos por ultraderechistas o fuerzas policiales en el estado español son tratadas de tal manera que podemos hablar de un contexto de impunidad. Los gobiernos del PP y PSOE han indultado a decenas de torturadores. El GAL político quedó prácticamente sin aclararse y el PSOE apoyó públicamente a sus dos únicos responsables condenados. Altos cargos judiciales y policiales de la democracia provienen del franquismo y son responsables de los abusos de la dictadura, sin que fueran juzgados por ello; de hecho, los crímenes franquistas siguen sin juzgarse. Además, hoy en día los tribunales a menudo tratan con delicadeza a fascistas y neonazis responsables de agresiones, o incluso que acumulaban armamento de guerra y se entrenaban.

Y así nos va. La izquierda española, al igual que la prensa del régimen, esquiva el término preso político para hablar de nuestros luchadores y luchadoras sociales condenados, muchos de los cuales entran ya en prisión: sindicalistas, manifestantes, tuiteros, músicos, periodistas, cargos públicos… que, o bien son víctimas de montajes policiales, o bien de leyes injustas interpretadas de una manera maquiavélica, o bien se han expresado o actuado de manera consecuente para defender aquello en lo que creen. Y, sin embargo, las instituciones y prensa nos bombardean con mensajes de “denuncia” a terceros países por encarcelar a mafiosos, corruptos o golpistas asesinos.

No es que la derecha sea hipócrita, sino que es consecuente: quieren que el capitalismo mantenga su hegemonía a cualquier precio, y no dudan en apoyar a sus peones, aunque cometan atrocidades (que nos ocultan gracias al control e influencia de los medios de comunicación). Sin embargo, buena parte de la izquierda española se asusta y espanta en cuanto escucha un mensaje contundente, en cuanto ve humo en algún contenedor o en cuanto alguien desobedece las leyes del régimen, dejando tiradas a las personas que se implican en las luchas consecuentes. Y eso ante niveles de subversión cada vez menores: hoy es raro que alguna movilización se “salga del tiesto”, y sin embargo cada vez hay más represión porque el estado se siente crecido. Al igual que en Euskal Herria: tras años del fin unilateral de la violencia, los presos y presas (no sólo de ETA) siguen en prisión, incluidos los gravemente enfermos; en otras épocas se hubieran aplicado medidas de amnistía o indulto, y por supuesto se les hubiera acercado a las cárceles vascas.

Cabe concluir que la oligarquía se descojona de todos nosotros y nosotras: encarcela a algun@s y consigue que much@s se autocensuren. El aparato represivo da más vueltas de tuerca ante la pasividad de la “oposición” que supuestamente demanda justicia social y libertades. No se cortan un pelo: las acusaciones relacionadas con el terrorismo se lanzan indiscriminadamente, ya sea por peleas en un bar, cantar cosas incómodas, manifestaciones con algún disturbio… eso sí, sólo contra “roj@s”, “anarquistas” o “independentistas”. El enemigo ideológico.

Y ante este panorama, las principales fuerzas políticas de la izquierda española se arrugan. Algún tweet ambiguo con respecto a alguno de los casos con más resonancia, pedir moderación y calma en las luchas y mantenerse de perfil cuando el estado encarcela a cargos públicos que defienden una república (la catalana), incluso culpándoles del auge del fascismo que nunca quisieron combatir. No se me ocurre una forma mejor de abonar la derrota: ningún cobarde ganó ninguna batalla. Aunque sí es cierto que más de un cobarde fue tolerado por su enemigo y pudo vivir cómodamente; tristemente, quizás pueda ser la explicación a todo esto.

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