La Colombia sangrienta con la que se firman tratados comerciales


Cuando se habla de repúblicas bananeras, conviene recordar que el origen de esta expresión se encuentra en Colombia. Gabriel García Márquez nos describió terriblemente bien en su novela “Cien años de soledad” la masacre de las bananeras. Corría el año 1928 cuando 25.000 trabajadores y trabajadoras colombianas de la United Fruit Company (hoy en día Chiquita Brands) organizaron una gran huelga, con apoyo de la población del municipio de Ciénaga (al lado de la turística Santa Marta), su alcalde, los indígenas, ganaderos e incluso buena parte de los reclutas. Pues bien, la presión de la compañía norteamericana, de los navíos de guerra estadounidenses y de la oligarquía colombiana consiguió que aquella movilización fuera regada en sangre. El ejército colombiano movilizó a tropas de otras regiones y 300 soldados acribillaron a balazos a las 5.000 personas que se congregaron en una plaza a modo de protesta. El resultado, centenares o miles de muertos. Aún hoy faltan por encontrar muchos de los cadáveres, que según testigos fueron arrojados al mar.

 

Desde este terrible hecho, la violencia gubernamental y paramilitar contra la oposición sindical, social o política no ha cesado. Todo lo contrario. El país vive inmerso en un conflicto armado que dura ya demasiadas décadas. A día de hoy, la fuerza pública y los grupos paramilitares, actuando por lo general en clara connivencia, siguen practicando la caza al sindicalista, al defensor de derechos humanos, al campesinado que reclama sus tierras robadas, al indígena que pretende sobrevivir en sus resguardos, a las mujeres que se movilizan…

Todo vale para la oligarquía colombiana. Pero también para la europea y estadounidense, que se encuentran en proceso de firma de Tratados de Libre Comercio de espaldas al pueblo colombiano mientras las fosas comunes y los cementerios se llenan de víctimas que luchan por mejoras salariales, porque una multinacional no les robe las tierras, por pretender seguir con su modo de vida indígena, por oponerse a toda esta matanza continuada, por exigir la paz con dignidad y justicia social.

Actualmente el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos (ex-ministro de Defensa de Álvaro Uribe y responsable por tanto de las atrocidades del ejército durante su mandato) se encuentra negociando un posible acuerdo de paz con la guerrilla más numerosa del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Se logran acuerdos parciales, se sufren altibajos, pero el ruido de los fusiles no cesa. El estado se niega a entrar en tregua, y mientras en la mesa de La Habana hablan de reparar a las víctimas del conflicto en el país sigue desangrándose.

Repasaremos a continuación algunos de los instrumentos de terror que históricamente ha utilizado el estado colombiano, los terratenientes y la mafia vinculada al paramilitarismo.

 

– Asesinato generalizado de activistas sociales, militantes políticos, sindicalistas, opositores, periodistas, abogados y ocupantes de tierras codiciadas por terratenientes, narcotraficantes y multinacionales. Estos asesinatos en muchas ocasiones llegan a las familias y amistades. En el caso de la Unión Patriótica, un partido de izquierda de los años 80, se llegó a la cifra de 4000 asesinatos, de los cuales menos de cien han sido esclarecidos por la justicia colombiana.  Otra práctica cruenta a cargo del ejército son los cínicamente llamados “falsos positivos”: se asesina a jóvenes, se les viste con uniforme militar y después se afirma que eran guerrilleros/as para conseguir ascensos, pluses económicos o vacaciones.

– Utilización del paramilitarismo como instrumento de guerra sucia, otorgándole impunidad a todos los niveles y brindándole colaboración de las fuerzas armadas, la policía y los poderes públicos. Directores y funcionarios del anterior servicio secreto (DAS) y numerosos políticos colombianos han sido condenados por relación estrecha con jefes narcoparamilitares, a los que prometían impunidad a cambio de dinero o “colaboración” en campañas de violencia contra la oposición social o política. Hay que recordar que en Colombia han aparecido fosas comunes de los años 90 y 2000 con miles de víctimas de grupos paramilitares, y hornos crematorios donde se deshacían de los restos. El gobierno de Álvario Uribe promulgó una ley de amnistía para numerosos grupos paramilitares, mientras en realidad siguen en activo con otros nombres y siglas. Algunos de estos paramilitares han revelado secretos de estado que involucran a presidentes, congresistas, alcaldes y concejales de la derecha en todo tipo de delitos. Desde las poblaciones rurales denuncian recurrentemente la colaboración estrecha entre los efectivos militares y estos grupos, que en ocasiones acuden juntos a las aldeas.

Cartel amenazante del grupo paramilitar “Águilas Negras” y fotografía de “paracos”

 

 

– Discriminación económica, política y social de afrodescendientes e indígenas. Aunque la constitución de 1990 reconoce los derechos de estos pueblos, sus territorios son frecuentemente bombardeados o invadidos. El ejército es la única representación del estado en muchas comunidades.

– Negación de los servicios públicos básicos, como la educación y la sanidad, a buena parte de la población, especialmente en las zonas rurales. Desde la época de Uribe se ha iniciado además un proceso de privatización paulatina, que ha llevado a situaciones tan aberrantes como que los trabajadores deban pagar una cuota de su salario a los paramilitares que controlan la seguridad en las empresas que se han creado.

 

 

Manifestantes acusan al presidente Santos de privatización masiva.

 

 

 

 

 

 

-“Pucherazos” electorales en toda regla. Cuando al candidato oficialista le interesa, se trasladan las urnas custodiadas por militares a cualquier rincón del país. Pero si en una zona cree que va a obtener menos votos, con la excusa de la peligrosidad se priva del derecho a voto de los habitantes de ese territorio. Además hay frecuentes reclamaciones en los recuentos de votos, encarcelamiento de candidatos opositores cuando no su eliminación física, amenazas paramilitares a las poblaciones si no sale elegido determinado candidato/a…

– Militarización de todo el territorio nacional. Se instalan controles (“retenes”) de miembros del ejército o grupos irregulares donde se somete a la población civil a todo tipo de arbitrariedades: humillaciones, violencia, robos…

– Despojo de tierras a campesinos/as e indígenas. La nueva ley de tierras, en la práctica, legaliza los robos cometidos por los paramilitares y las multinacionales, según denuncian sindicatos, asociaciones campesinas y grupos de defensa de derechos humanos.

– Desplazamiento forzado de cerca de cinco millones de colombianos y colombianas. En los suburbios de las grandes ciudades malviven centenares de miles de personas que fueron sacadas por la fuerza de sus tierras. Sufren además la “limpieza social” de los escuadrones de la muerte.

– Torturas y malos tratos habituales, además de detenciones arbitrarias. Existen actualmente más de 7500 presos/as políticos y de guerra. El gobierno colombiano ha conseguido incluso que otros gobiernos detengan y juzguen a personas solidarias con las víctimas del estado colombiano. Se sabe también que el servicio secreto colombiano ha espiado a ONGs y cargos electos en el estado español y la Unión Europea.

– Montajes y fraudes judiciales, llegando a pagar altas cantidades a testigos anónimos para conseguir condenar a los enjuiciados/as.

– Violencia sexual como arma de guerra. El ejército y los paramilitares usan la estrategia del terror para dominar y/o desplazar a la población, y utilizan recurrentemente la violación y el abuso sexual, incluso de niñas de corta edad. Existen testimonios y denuncias de que también las tropas norteamericanas instaladas en Colombia han cometido estos crímenes.

– Asesinato de decenas, incluso centenares, de sindicalistas todos los años, siendo el país donde se asesinan entre el 60 y el 90% (según el año) de los sindicalistas en todo el planeta. Buena parte de estos asesinatos han podido ser instigados por multinacionales como Coca-Cola, Nestlé o la Chiquita Brands. El gremio de la enseñanza es uno de los más golpeados, ya que los maestros y maestras, en muchas ocasiones, asesoran a las comunidades rurales sobre sus derechos.

– Bombardeo indiscriminado con glifosato para acabar con los cultivos de coca que en realidad matan de hambre al campesinado al no ser selectivos. En ocasiones el ejército colombiano ha llegado a verter este veneno más allá de sus fronteras, lo que ha ocasionado fuertes protestas de los gobiernos afectados. Cabe recordar que se ha demostrado la toxicidad de este pesticida para los seres humanos.

– Asesinatos políticos fuera de sus fronteras, especialmente en Ecuador y Venezuela. Normalmente se trata de grupos paramilitares que van en busca de exiliados/as o refugiados/as políticos que han huido de Colombia, aunque también en ocasiones han buscado desestabilizar políticamente a los países vecinos.

 

La sangrienta represión del estado colombiano ha motivado la realización de numerosos documentales que recogen las flagrantes violaciones de DDHH en este país. Se enlazan a continuación algunos títulos muy recomendables.

Documental Brigada Asturiana de DDHH a Colombia

Con todo, siempre cabe la esperanza. Al menos eso nos dicen muchos colombianos y colombianas. Al margen de que finalmente fructifique el acuerdo entre el gobierno colombiano y las guerrillas del país, y de que esos acuerdos se cumplan, si el estado colombiano continúa reprimiendo es que también la lucha social y política persisten. Experiencias de resistencia hay muchas, tanto armadas como civiles, y ni siquiera la más brutal de las masacres ha sido capaz de arrancar la semilla del cambio. Testigo de ello ha sido nuestra ciudad y nuestro barrio, ya que en numerosas ocasiones nos han visitado esos luchadores y luchadoras tan valientes. De hecho, en nuestro barrio puede encontrarse un monumento realizado en homenaje a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, que además de contar sus muertos sigue en pie frente a la violencia.

Artículo dedicado a Jesús Goñi, en el centro de la imagen leyendo el manifiesto de solidaridad con la comunidad de paz.

Anterior Los kurdos de Kobane dejan al descubierto la hipocresía de la Coalición contra el EI
Siguiente La solidaridad contra la corrupción se siente en Burgos

Sin comentarios

Dejar una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *