La lucha de los trabajadores y trabajadoras con discapacidad: un salario mínimo sin recortes


Quizás no nos paramos a pensar demasiado a menudo qué trabajadores y trabajadoras cobran el salario mínimo interprofesional (SMI). No es algo muy habitual en los convenios de empresa, ni sectoriales, pero desde luego los hay.

El caso que nos ocupa aquí es de las personas con discapacidad, que tienen una tasa de desempleo mucho mayor que la media, y además obtienen empleos con peores condiciones laborales. De hecho, si son contratadas por los centros especiales de empleo, su salario base tiene como referencia el salario mínimo.

Y , ¿qué son los centros especiales de empleo? Pues, resumidamente, son empresas, con o sin ánimo de lucro, a menudo creadas por asociaciones o fundaciones que atienden a personas con discapacidad. En el caso de Burgos, nos suena ASPANIAS, o ServiGest. En otras provincias, puede que alguien conozca ASPRONA, ASPRODES, ILUNION, AFANIAS, Lantegi… Hay varias patronales constituidas. Quizás la que más centros especiales de empleo aglutina es AEDIS.

El convenio que regula los derechos de la plantilla es el XIV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad. En él se establece que el salario base de la categoría “operario” (que habitualmente desempeñan las personas con discapacidad) es el SMI. Además, existen otros complementos, como el de nocturnidad, de desarrollo profesional (parecido al de la antigüedad), festivos…

Pues bien, en algunos centros especiales de empleo la patronal interpreta que no está obligada a pagar el SMI más los complementos. Sus gerentes creen que pueden reducir el salario base si las personas con discapacidad cobran otros complementos, absorbiéndolos en la práctica. Es decir, que si trabajan en horas nocturnas, o en festivos, o llevan muchos años trabajando y tienen un complemento de desarrollo profesional… pueden escamotearles parte del salario. Ello a pesar de que el estado abona entre el 50 y el 75% del SMI para cada persona con discapacidad, que no deben pagar cuotas empresariales a la Seguridad Social, que reciben cuantiosas subvenciones por contrataciones indefinidas (hasta 12.000 euros) y que también tienen otras subvenciones para contratar personal de apoyo.

Es el caso de la Fundación CISA, el centro especial de empleo de ASPANIAS en Burgos. Allí trabajan más de 250 personas con discapacidad, y ése es el conflicto que ha llevado a los delegados y delegadas a concentrarse ante los juzgados el día de la vista judicial del conflicto colectivo que se ha planteado por la reclamación de salarios. Desde el 1 de enero de 2017 esta entidad, con su peculiar interpretación del real decreto que incrementó el salario mínimo, sigue pagando 655 € de salario base, como correspondía al año 2016, y a quien no tenga otros complementos le otorga un pequeño plus para llegar, en total, al SMI; al resto, que sí tienen complementos, les descuenta la diferencia hasta los 707 € del SMI de 2017.

Hacía tiempo que ASPANIAS no salía en prensa por algún conflicto laboral, persecución sindical o despido improcedente, pero de nuevo la polémica ha llegado a la entidad. Desde UGT, sindicato al que pertenecen la mayoría de los delegados y delegadas, piden a las familias, junta directiva y patronato que cambien esta postura y de verdad defiendan los derechos de las personas con discapacidad, no sólo hacia afuera, sino empezando por dentro. De momento, se ha aplazado el juicio hasta julio, dando un tiempo para seguir negociando a las partes y tratar de llegar a un acuerdo. Veremos si la gerencia de ASPANIAS rectifica o se empeña en salirse con la suya y ahorrarse parte del salario que reclaman los trabajadores y trabajadoras.

Dejamos aquí el comunicado que han elaborado para explicarlo, así como enlaces de otros medios que han cubierto la noticia.

 

CONFLICTO COLECTIVO EN ASPANIAS

 

Los delegados y delegadas de FESP-UGT en ASPANIAS nos concentramos hoy para reclamar que dicha empresa abone íntegramente el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a los trabajadores y trabajadoras con discapacidad, sin reducciones ni absorciones de otros complementos, en cumplimiento del convenio de aplicación, que establece que el salario base debe ser igual al salario mínimo.

 

En varias ocasiones hemos intentado solucionar este conflicto mediante el diálogo y la negociación en distintas instancias, pero la gerencia de ASPANIAS se ha negado a abonar el salario de forma íntegra e independiente de otros complementos salariales que se pudieran percibir (nocturnidad, festividad, desarrollo profesional…). No ha quedado otra opción que la vía judicial, con lo que este desacuerdo se dirimirá tras la vista de hoy.

 

La peculiar interpretación que hace la empresa del Real Decreto que fija el salario mínimo para 2017 y 2018 perjudica notablemente a los trabajadores y trabajadoras con discapacidad que tiene contratadas (más de 250), a pesar de que está exenta de pagar las cuotas a la Seguridad Social y además actualmente percibe una subvención mensual del 50% del SMI (habiendo llegado en ocasiones a ser del 75%) por cada persona con discapacidad contratada, así como la posibilidad de optar a numerosas subvenciones entre las que destacan las que se otorgan por la celebración de contratos indefinidos, que ascienden hasta los 12.000 €.

 

Hay que destacar que otros centros especiales de empleo que contratan a personas con discapacidad sí están abonando el SMI de forma correcta, sin perjudicar a su plantilla, con lo que ASPANIAS adopta la postura más intransigente dentro del sector. Por ello hacemos también un llamamiento a las familias de la asociación, junta directiva y patronato para cambiar esta línea de actuación y proteger de manera real los derechos de las personas con discapacidad, sin escamotear cantidades del salario que deben percibir.

 

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