Las cifras del horror siguen creciendo. Se está cumpliendo uno de los pronósticos más pesimistas acerca del proceso de paz. Grupos paramilitares se sienten ahora libres para incrementar su violencia, sin el contrapeso de las FARC (la que fue principal guerrilla del país). Las regiones que antes eran controladas por los hombres y mujeres que se alzaron en armas por la justicia social han sido ahora tomadas por los grupos mafiosos, relacionados con el estado, industriales, multinacionales y terratenientes, que imponen su ley a base de sangre y fuego.
Los objetivos de estos grupos sanguinarios son diversos. Desde hace unos 70 años, han asesinado a todo tipo de activistas que demandaban sus derechos y mostraban oposición a los planes de los grupos económicos que saquean el país, nacionales o extranjeros. Colombia es el país donde más sindicalistas han sido asesinados. También activistas medioambientales, indígenas, afrodescendientes, campesinos/as, periodistas, líderes estudiantiles, opositores políticos, maestros rurales, defensores/as de derechos humanos, comunistas… Como puede deducirse, no se trata de una “cultura violenta”, sino de un plan de exterminio dirigido por las élites económicas para acabar con las resistencias a sus planes de expolio.
En las últimas décadas, con los cambios legislativos y económicos, los principales objetivos son los ex-guerrilleros/as y sus familias, reclamantes de tierras robadas, activistas LGTBI y personas que lideran movimientos comunitarios o de sustitución de cultivos ilícitos (es decir, personas que insisten en la necesidad de dejar de plantar coca), y por supuesto indígenas y afrocolombian@s. También es notable el incremento de mujeres entre las víctimas, no sólo como botín de guerra o modo de atemorizar a la población, sino como objetivos expresos por su labor social o política.
Hay dos patrones fundamentales a la hora de cometer estos crímenes: o bien los secuestran y aparecen asesinados días más tarde, o bien son seguidos hasta su domicilio y abatidos dentro de él o en sus cercanías. En muchos de estos casos hay amenazas previas de los grupos paramilitares o señalamientos por parte de la fuerza pública, políticos uribistas o medios de comunicación.
Entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2018 han sido asesinadas 311 personas bajo este perfil, a pesar, o quizás a causa, de la firma de los acuerdos de paz. Podemos ver un mapa de dichos crímenes en este enlace.
Dejamos aquí una lista de las víctimas posteriores a esta fecha, con información sobre cada uno de ellas. Procuraremos actualizarla constantemente, con el fin de dejar constancia de los crímenes del estado y recordar con respeto a las personas caídas en la lucha política y social. Detrás de cada nombre hay una historia de valentía cercenada por el terror.
Leidy Juliet Correa Valle, Antioquía
Andrés Felipe Ospina Guarín, Villavicencio
Norberto Jaramillo, Tarazá
Amparo Fabiola Rodríguez y Alfonso Taicús (Putumayo)
Alirio Arenas, Ocaña
Oliver Herrera Camacho, Meta
James Escobar, Tumaco
Héctor Fabio Montoya y Yudi Paola García, Caquetá
Mary Florelia Cana Meza, Cauca
Richard Silva, Mapiripán
Fredy Julián, norte del Cauca
Jefferson Arévalo, Meta
Marco Tulio Grajales Londoño, Armenia
Luis Alberto Rivas Gómez, Urabá
Holmes Niscue y Huber Hoyos, Pacífico
Jorge Eliecer Roa Patiño, Guaviare
Alejandro Jacanamejoy, Putumayo
Alfredo Manuel Palacio Jiménez, Aracataca
Emiliano Trochez Yonda, Cauca
Uriel Rodríguez, Cauca
Santa Felicinda Santamaría (Quibdó) y Luis Barrios (Atlántico)
Alfredo Alonso Ruiz Higuita, Antioquia
Valentín Rúa Tezada, Cauca
Carlos Torres, Frederman Quintero, Ramón Ramírez, Asdrubal Durán, Alexander Campos, Jhon Sanabria, Wilmer Ramírez y dos ciudadanos más (Tarra, Catatumbo)
Luis Gabriel Gómez, Putumayo
Kevin Julián León, 16 años (Medellín)
Libardo Moreno (Jamundí)
Juan de Jesús Moreno (Caquetá)
Horacio Triana Parra (Boyacá)
Oswaldo Táquez, Putumayo
Luis Eduardo Dagua, Cauca
Ibes Trujillo, Cauca
Frank Dairo Rincón (Pitalito, Huila)
Fernando Jaramillo (Ituango)
Alexander Castellano (Caquetá)
Ancizar Cifuentes (Tolima)
Luis Barrios (Chocó) y Felicinda Santa María (Atlántico)
Margarita Estupiñán (Tumaco) y Ana María Cortés (Cáceres)
El papel del estado en estos siniestros crímenes es nefasto. Acepta que existe esta realidad pero distorsiona tanto las cifras como las causas o la autoría. Los partidos que gobiernan niegan la existencia de grupos paramilitares y achacan su autoría a bandas criminales convencionales, o incluso llegan a insinuar ajustes de cuentas (revictimizando a las personas asesinadas al insinuar que estaban implicadas en algún tipo de acto ilícito) o ligarlo a “crímenes pasionales”. En cualquier caso, la impunidad es casi del 100%: no se detiene a los autores, ni materiales ni intelectuales, ni se investigan los crímenes con un mínimo de seriedad y recursos. Esto no extraña, ya que se sabe que en el pasado militares y policías han sido responsables de estos crímenes (siendo los más de 5.000 “falsos positivos” el mayor escándalo conocido hasta la fecha), y que muchos paramilitares actuaban de manera coordinada con operativos del ejército. Peor aún: el escándalo de la parapolítica evidenció que una buena parte del Congreso y Senado estaba controlado por estos grupos, que habían colocado a hombres y mujeres de su confianza en los escaños; incluso existen numerosos indicios y testimonios que involucran al ex-presidente Uribe. También es frecuente que los paramilitares actúan en zonas controladas por el ejército, llegando a establecer retenes fijos cerca de cuarteles. En muchos casos las víctimas han presentado denuncias y exigido garantías. El estado, con cinismo, niega su responsabilidad.
No puede olvidarse tampoco el papel fundamental de EEUU en la creación, entrenamiento y armamento tanto de estos grupos como de los principales criminales del ejército colombiano a través de la Escuela de las Américas y de multinacionales como Chiquita Brands; ni de Israel, donde se entrenó el carnicero Carlos Castaño, y de donde partió hacia Colombia el mercenario Yair Klein, que los adiestró. Las multinacionales americanas ya habían impuesto su reinado de terror desde la masacre de las bananeras; y más tarde el ejército y los grupos paramilitares resultaron claves para atacar a las guerrillas, dar golpes al movimiento social y político contestatario y controlar el negocio de la droga según sus intereses geopolíticos. No hay que olvidar que el narco colombiano fue utilizado por la CIA para financiar a la contra nicaragüense. En el siguiente post podemos ver cuál ha sido el rol de EEUU en la creación de grupos paramilitares por todo el planeta.
¿De quién aprendieron #Al-Qaeda y #Daesh ? Atrocidades Made in #USA
Tras tantas décadas de terrorismo de estado y horror paramilitar, el pueblo colombiano ha tenido que vivir entre la absoluta indolencia de la oligarquía y parte de la sociedad urbana y las protestas y rabia del sector popular más organizado. Recientemente se han organizado concentraciones y marchas por todo el país, que podemos ver en los siguientes enlaces:
Velatón y protesta mundial para que no sigan matando más al pueblo y sus líderes y lideresas
Velas encendidas por los líderes asesinados
El reciente documental “Nos están matando” ilustra la cruda realidad que soportan quienes confrontan a la injusticia social en Colombia, y sus familias.
Para más información recomendamos consultar los siguientes artículos de este blog:
La Colombia sangrienta con la que se firman tratados comerciales
Coca cola, UGT, CCOO y los trabajadores asesinados en Colombia #BoicotCocaCola
Comunidad de Paz de San José de Apartadó, hermanada con #Burgos, otra vez en peligro
Más horror en #Colombia : 400 presos descuartizados y echados a las alcantarillas y cerdos
NO al aceite de palma, más allá de la salud: daños ambientales y paramilitarismo
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