Estimado el recurso del vecino de Gamonal sancionado durante una protesta


El pasado 8 de noviembre de 2019 se celebró una de tantas concentraciones contra las salas de apuestas en Gamonal. En concreto, ese día se protestaba por la inminente apertura de otro local en la Avenida de los Derechos Humanos.

En esta concentración, como en las anteriores, las personas asistentes se pasaban el megáfono para proferir consignas, dar información sobre las consecuencias de la ludopatía o expresar su opinión sobre esta lacra.

En un momento dado, uno de los policías que se había acercado a la concentración se dirigió hacia el vecino que tenía el megáfono. Le preguntó si era el organizador de la concentración. El vecino trató de explicarle que no, y otras personas presentes en la concentración también se dirigieron hacia el agente para dejarle claro que las concentraciones eran organizadas colectivamente y que no había un líder ni organizador individual. El agente informó de que si esta concentración no había sido comunicada a la Subdelegación del Gobierno el vecino en cuestión podía ser sancionado, tras lo cual le pidió el carnet de identidad.

El vecino no se negó a identificarse, pero antes de hacerlo trató de explicarle al agente de nuevo que él no era el organizador de la protesta y que desconocía si había sido comunicada a la Subdelegación del Gobierno. Cada vez más vecinos se acercaron hacia el agente recriminándole que estuviera obstruyendo la concentración, y recordándole de nuevo que todos se sentían corresponsables de estar allí protestando contra la apertura del local. Comenzó una discusión entre el agente y numerosos vecinos sobre ello. Finalmente, el agente se retiró junto al resto de policías que observaban la escena desde lejos, desistiendo de sus intenciones, y al finalizar la concentración los concentrados se disolvieron dirigiéndose cada uno hacia su domicilio.

Pues bien, la cosa no acaba aquí. Al día siguiente, sobre las tres de la tarde de ese sábado, el agente y otra policía se presentaron en casa del vecino al que se dirigieron en primer momento el día anterior. Le notificaron que había sido propuesto para una sanción administrativa por “haberse negado a identificarse” (multa de 601 euros), e incluso se permitieron “advertir” de que en futuras ocasiones podrían denunciar también a su pareja (que ni siquiera había estado en la concentración) si volvía a discutir con los agentes, probablemente dando por hecho que alguna de las vecinas que protestaron por su actuación era su cónyuge. Dijeron también que no podían tolerar que las personas concentradas les cuestionaran públicamente de la forma en que lo hicieron.

El vecino denunciado, indignado por las falsedades y percibiendo cierto tono de vendetta de los agentes, se negó a asumir la sanción y presentó varios recursos administrativos explicando los hechos y proponiendo testigos. Pero, como es habitual, el aparato burocrático del estado aplicó su guion, negando toda posibilidad de aportar pruebas y dando absoluta presunción de veracidad a los agentes por el hecho de ser policías. La Delegación del gobierno de Valladolid confirmó la sanción impuesta.

Finalmente, agotada la vía administrativa, el pasado 22 de marzo tuvo lugar la vista judicial en la que se reclamaba la anulación de la sanción. El abogado y los testigos de la defensa expusieron los hechos y quedó patente que la sanción había sido impuesta por único criterio de los agentes y la defensa a ultranza de su presunción de veracidad por parte de la Delegación del Gobierno.

Por su parte, el abogado del estado pretendió que el sancionado debiera haberse encarado con los demás manifestantes y haberles pedido que no discutieran con los policías. Es decir, rebajarse, enfrentarse al resto de personas concentradas para poder acercarse a los policías y presentarse ante ellos “con el carnet en la boca”.

Finalmente, la sentencia estima el recurso del vecino y anula la sanción, detallando que no se ha permitido ejercer la defensa en la vía administrativa al negarse la posibilidad de que declararan testigos y dando por buena únicamente la versión policial al negar la de la defensa de forma sistemática. El estado deberá devolver al vecino la sanción que los agentes y la Delegación del Gobierno le habían impuesto. No cabe ya posibilidad de recurso.

Esta sucesión de hechos muestra que es posible y necesario plantar cara a las sanciones, recurrirlas, agotar la vía administrativa y llegar a juicio para poder defenderse de la represión. Por mucho que unos agentes quieran desquitarse de haber sido cuestionados en público, es posible reaccionar, plantar cara y ganar. Aunque por supuesto ni los agentes ni la Subdelegación del Gobierno tengan que afrontar ninguna consecuencia por su mal hacer.

Por otra parte, a finales del mes de diciembre tendrán lugar las vistas orales del juicio al que van a ser sometidos otros vecinos que han sido denunciados por protestar por la apertura de una sala de apuestas en Gamonal.

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