Izquierda y el mundo rural de Castilla y León: algunos apuntes trágicos


Pocas veces se ha hablado tanto en la prensa de esta comunidad autónoma. Como las elecciones se conciben como un espectáculo de masas, ahora también digitalizado, esta parte de Castilla ha sido objeto de análisis y seguimiento diario en las últimas semanas. Y, dados los resultados, en los que la derecha y la extrema derecha suman para gobernar, y lo harán, y ha habido un importante fracaso – otro más – de Unidas Podemos, vuelve a surgir la cuestión de si el mundo rural es facha o ignorante, de si la izquierda institucional puede llegar o está condenada al fracaso, de por qué llevamos tantas décadas siendo gobernados por  Alianza Popular y luego el Partido Popular.

Algunos comentarios se descalifican por sí solos. Cuando algunos pijos urbanitas se contentan con decir que las gentes de los pueblos son fachas y paletos, y que disfruten lo votado, pues qué vamos a decir. Pero es cierto que el mundo rural del norte de Castilla sigue siendo una tierra muy difícil no sólo para los partidos de «izquierda», sino también para los movimientos populares, al margen ya de las farsas electorales en las que la derecha se lleva buena parte del pastel, el PSOE recoge otra parte, y queda muy poca variedad institucional. Intentaremos explicar algunas claves que intuimos y conocemos, especialmente en localidades pequeñas. En la provincia de Burgos, por ejemplo, sólo hay 26 municipios que superen los 1.000 habitantes, y ello teniendo en cuenta que agrupan a otras pedanías (localidades pequeñas sin ayuntamiento propio).

 

En primer lugar, hay que echar la vista atrás, a la república y guerra civil, cuando el panorama sociológico era todavía muy diferente. Aún no se había producido el éxodo masivo a las ciudades, y el medio rural seguía contando con un población bastante fija. La iglesia trataba de mantener el rebaño unido en torno a la reacción (incluso entrando en economía con experiencias como el Círculo Católico), la guardia civil vigilaba de cerca, pero aun así hay muchas experiencias locales de organización popular a nivel sindical y también político.

Existían los trabajadores del campo que vendían su fuerza de trabajo al cacique local de turno, y a menudo se organizaban para plantarle cara o tratar de subsistir sin él. En Burgos podemos destacar Castrojeriz, apodado en aquella época «la pequeña Rusia burgalesa«, y en el norte de la provincia el frente de guerra resistió cierto tiempo por la adhesión de parte del campesinado a la CNT o al bando republicano, por no hablar de poblaciones más grandes como Miranda de Ebro o Aranda de Duero que merecerán un análisis diferente. En Valladolid, por ejemplo, los y las compas de La Molinera recuerdan cómo parte de la población de Medina de Rioseco se sumó a la Revolución de 1934. En zonas montañosas podemos hablar de maquis que resistieron lo que pudieron para combatir al franquismo o para evitar ser capturados. Es decir, que hubo una parte del medio rural que estaba organizada, que luchaba, también en Castilla. Pero ¿cómo acabó todo esto? Pues, como todos sabemos, muy mal.

La represión franquista acabó con todo, y con todos. Quienes no fueron encarcelados y fusilados tuvieron que migrar o exiliarse simplemente para sobrevivir o llevar un vida más digna, ya que quedarse en el pueblo marcados y señalados no era una opción para continuar su proyecto de vida. Muchas familias migraron, y cabe destacar a muchas mujeres a las que el franquismo dejó viudas a la fuerza, que eran hostigadas por los falangistas, curas y guardias en la posguerra, y que o bien aguantaron en silencio para enmudecer por siempre, o bien cogieron a su prole y migraron. El franquismo consiguió vaciar Castilla de rojos y rojas, de anarquistas, desde antes de ganar la guerra.

Inciso: para quien quiera saber más de la represión franquista en la provincia de Burgos, se recomienda el documental «El lugar que ya no está».

Fosa común de Estépar, cerca de Burgos.

Se habla de unos 1000 cadáveres de intelectuales, sindicalistas, campesinos, obreros, cargos públicos…

Y después se agravó la miseria. En los pueblos el subdesarrollo era tremendo. Como anécdota, a muchos pueblos el agua corriente llegó en la década de los 80. No había ni báteres. Numerosas familias enviaban a parte de sus hijos e hijas a estudiar con los frailes y monjas porque no podían alimentarlos. Como puede imaginarse, la enseñanza que les daban no era precisamente democrática ni progresista. Se garantizaba la adhesión al régimen más aún que en la escuela tradicional franquista. Se inculcaron estos valores a la fuerza. Luego, para escapar de la miseria, llegó el éxodo a las ciudades, pero sobre todo a Euskadi, Madrid y Cataluña, y la migración (a veces con retorno, a veces sin él) a Francia, Suiza, Alemania…

De nuevo, las personas que más inquietudes y menos conformismo mostraban abandonaron su tierra para convertirse en obreros industriales… fuera de su tierra. Porque hasta prácticamente los años 70 no había apenas industria en las 9 provincias que hoy conforman Castilla y León; en el campo se podía malvivir de la agricultura o ganadería o trabajar en las minas, y poco a poco, según se fueron vaciando los pueblos, también los abandonaron los maestros y maestras, los pequeños comerciantes, y en general toda persona que hubiera tenido la oportunidad de estudiar. Es decir, que en la Castilla rural no quedó apenas clase trabajadora industrial (con alguna excepción, como pequeñas industrias de la alimentación o la madera, en declive), y en los pueblos no existía ya ni la pequeña burguesía ni mucho menos profesiones liberales. Quedaba, siempre, el cura, eso sí; y en ocasiones, para escapar del hambre, estaba la tentación de hacerse guardia civil, lo cual evidentemente llevaba a otras conexiones ideológicas y políticas.

 

Quienes se quedaron, en su mayoría, acabaron convirtiéndose en pequeños ganaderos o agricultores. La figura del jornalero o bracero también fue desapareciendo y a día de hoy el campesinado se ha transformado en el agricultor o ganadero «autónomo». Es decir, en pequeños o medianos empresarios. Desde un análisis materialista, ¿qué vamos a esperar? ¿Que las generaciones que aguantaron en los pueblos, con la omnipotente iglesia presente, que ahora trabajan por su cuenta su propia explotación, sean mayoritariamente progresistas o revolucionarias? Evidentemente no todos los ganaderos agricultores de este perfil rural son reaccionarios, pero… una amplísima mayoría sí lo es. Tienen sus propios intereses, y no concuerdan con los de la clase obrera industrial castellana o los jornaleros de otras tierras. Necesitan, eso sí, servicios públicos básicos, pero en algunas cosas se han adaptado y en vez de reivindicar es muy habitual que envíen a los hijos/as a colegios concertados de la capital, por ejemplo. En Burgos incluso se ha conocido por ello a varios centros educativos , «donde estudian los hijos de los agricultores». Tampoco es común que los agricultores o ganaderos castellanos se asocien formando cooperativas, al menos de la forma en que lo hacen en Andalucía u otros territorios.

Así que el individualismo marca a buena parte de los ganaderos y agricultores que se han quedado en los pueblos. Por otro lado, a pesar de los conflictos con la PAC y los precios que marcan los intermediarios o las grandes superficies por los productos que compran, han tenido varias décadas en las que les ha ido económicamente bien. Muchos han podido amasar cierto capital, propiedades y posición social. Y por otro lado, el campo y las tierras ya están repartidas. No es fácil cambiar el modelo de minifundio, y no parecía haber mucho interés… hasta hace unos años.

 

Porque en la última década el medio rural va sufriendo varias amenazas. Cuando un territorio se despuebla evidentemente se vuelve más vulnerable, y los buitres capitalistas acechan siempre. La Junta de Castilla y León, como tantas otras administraciones autonómicas, está muy lejos de defender los pueblos y su medio natural, más bien acumula condenas judiciales por saltarse sus propias leyes y permitir aberraciones. Así que, aunque por ahora la cosa esté parada, la sombra del fracking ha planeado sobre los pueblos, al igual que las minas de uranio altamente contaminantes en Salamanca o las macrogranjas, que esas sí se han implantado con la venia institucional. Y, por supuesto, la eliminación de servicios como el transporte, la sanidad, los servicios sociales, las programaciones culturales, la asistencia burocrática y judicial… ejecutadas directamente por la Junta de Castilla y León.

La respuesta a estas amenazas ha sido muy desigual en el medio rural. El movimiento contra el fracking, por ejemplo, sí movilizó a buena parte de los habitantes de sus tierras, aunque claro, si queda poca gente viviendo, poca gente se puede movilizar. Lo mismo ocurre con la pérdida de servicios públicos: muchos pueblos se han mojado por esta cuestión (al menos manifestándose), pero si se trata de poblaciones pequeñas poco le importa a la Junta. Ni pierde votos, ni hay empresarios a los que beneficiar. En el caso de las macrogranjas, hay experiencias de lucha contra ellas, pero las instituciones, como era de esperar, están prefiriendo hacer la vista gorda que evitar el deterioro de las tierras y aguas de los pueblos (por no hablar del olor). La sensación de derrota, de que se trata de procesos irreversibles, se puede palpar en muchos casos.

La derecha parece incluso menospreciar a esos agricultores y ganaderos que tradicionalmente han sido sus votantes. Pero, partiendo de una mentalidad no sólo pequeñoburguesa, sino también reaccionaria, es mucho más fácil que la mayoría de estos sujetos políticos se pasen a la extrema derecha que a la izquierda a la hora de votar; no digamos ya a la hora de movilizarse u organizarse. Algunos podrán engrosar las agrupaciones de la «España Vaciada», que también están vacías políticamente, por supuesto. Y, no puede negarse tampoco, un sector – minoritario – más consciente o más vinculado a la idea de comunidad continuará siendo la excepción, defendiendo la naturaleza y el modo de vida rural visto desde una perspectiva más popular y colectiva.

Mención aparte merece el capítulo del turismo rural. Algunos habitantes de los pueblos se pasan a las casas rurales, otros incluso vuelven de la ciudad para buscar una oportunidad de ganarse así la vida dado el nivel de paro en las ciudades. Los intereses que tienen son propios también de autónomos, de pequeños empresarios, pero les perjudica directamente el deterioro del medio natural y la carencia de servicios y comercios, por lo que tienden a ser menos reaccionarios (como bloque), y no es extraña su implicación en movilizaciones o campañas.

 

Otro fenómeno que merece destacar es el de la caza. Antiguamente era más practicada por los «señoritos», pero conforme pasan las décadas se va popularizando y en muchos pueblos se crean cotos de caza con las tierras del municipio, o las comunales, que son aprovechados así por sus habitantes. Dejando de lado la cuestión del trato a los animales, esto crea también una comunidad de intereses propia y específica, y también tiene sus conflictos. La ultraderecha ha tratado de aprovechar este filón para introducirse políticamente: «los ecologistas quieren acabar con vuestras costumbres» (por cierto, que la derecha siempre ha azuzado también esto para ganarse a los agricultores y ganaderos).

 

Otro melón que hay que abrir es el deterioro de una visión del mundo, propia del medio rural, por parte del franquismo y después la «democracia»: lo comunal.

Desde tiempos inmemoriales, y a pesar de las desamortizaciones, en las zonas rurales han existido recursos comunales que sus habitantes aprovechaban y cuidaban colectivamente. Aunque no siempre fueran de propiedad colectiva, pueden citarse tierras, hornos, molinos… de cuyo uso se beneficiaban todas las familias, hasta el punto de poder subsistir en parte gracias a ellos. Pues bien, las distintas regulaciones, algunas más o menos acertadas desde el punto de vista ambiental, han devaluado totalmente tanto la propiedad como el uso colectivo. En Castilla y León ya no hay montes comunales, sino montes «de utilidad pública», con regulaciones diferentes. En la tierra de pinares de Soria y Burgos, antiguamente, cada familia recibía una aportación de la madera que se vendía del monte comunal. Cada cual podía ir a buscar setas sin mayores burocracias, incluso ganarse la vida con ello. Se cuidaban los bosques colectivamente, evitando incendios.

No se trata de negar que el abuso podía llevar a un deterioro, o de que fuera necesario profesionalizar en parte la limpieza de los montes (sobre todo cuando el sistema ha dejado a los pueblos sin gente suficiente para hacerlo), sino de destacar el hecho de que la vinculación con el medio natural, y sobre todo con sus vecinos y vecinas, se ha ido rompiendo. Ya no hay apenas trabajos colectivos («a desmán», o «a huebra», como se decía), y todo ello redunda en una convivencia menos común, en la ruptura de lazos, en una menor unidad de los habitantes del pueblo frente a quien pretende aprovecharse de ellos o deteriorar su patrimonio. Los obreros industriales se agrupan, trabajan juntos, viven en bloques de pisos, están más conectados. Los habitantes de los pueblos, cada vez menos: si no hay peña ni asociación, pasan tiempo juntos en el bar (si lo hay) o la parroquia (si van), y a menudo poco más. La visión idílica de «en el pueblo todos se conocen y se cuidan» ya hace tiempo que dejó de ser real en muchos municipios pequeños; antes bien, a menudo hay más conflictos y rencillas que solidaridad.

 

Ligado a lo anterior también tenemos que destacar otro factor fundamental que ha hecho que la política en los pueblos de Castilla se haga más reaccionaria: el abandono, incluso podríamos decir la prohibición, de la democracia directa y comunal.

Tradicionalmente (exceptuando el período franquista), en muchísimas localidades castellanas ha existido la figura del Concejo Abierto. Un concejo en el que el alcalde tiene más peso, cierto, pero en el que cualquier vecino o vecina podía intervenir, proponer y participar en la toma de decisiones. Este modelo se mantuvo en bastantes municipios hasta 2012, año en la que se proclamó la «Ley Montoro». A partir de su promulgación, resulta muy difícil constituir un concejo abierto. Cada municipio tiene ahora un mínimo de 3 concejales, y, resumiendo, todos los miembros de la corporación municipal tienen que estar de acuerdo para que su ayuntamiento funcione de esta forma más asamblearia. Como se comprenderá, la mayoría de los alcaldes prefieren evitar el control de sus vecinos, pero es que, aunque quisiera, deben estar de acuerdo también el resto de concejales. ¿Qué ha generado esto? Pues un deterioro mayor de las relaciones entre vecin@s, alcaldes más autoritarios, menos transparencia, menos comunalidad. Otro hachazo a la acción política de los y las habitantes del medio rural. Y no es casual, sino premeditado. Y otra anécdota: el despacho de abogados de la familia del candidato de VOX a la Junta se ha encargado de defender a cargos públicos del Partido Popular acusados de delitos relacionados con la gestión pública, entre ellos al alcalde de un municipio burgalés en el que la convivencia está completamente rota: Cabezón de la Sierra. Dejamos aquí dos artículos que ejemplifican también la ruptura de lazos, de vínculos, de la degradación del medio rural:

Tensión vecinal en Cabezón de la Sierra. ¿Qué pasa en el pueblo de Javier Lacalle?

Cabezón de la Sierra, #Burgos : Un alcalde del PP, cuestionado y con problemas judiciales

 

Por otro lado, aunque en los pueblos pequeños, en las casi aldeas que pueblan Castilla, ya no vivan caciques como los de antes, estos siguen existiendo en las antiguas «cabezas de partido judicial», y por supuesto los sufren mucho más las pedanías. El voto cautivo, del que también se habla en Galicia, continúa existiendo en los ayuntamientos, pero fundamentalmente en las Diputaciones. Por cierto que algunas de estas diputaciones de Castilla y León son entidades absolutamente corrompidas, donde las familias franquistas y sus sucesores han continuado colocándose y acumulando poder político sin soltarlo, condenando a los ayuntamientos «díscolos» a recibir menos subvenciones públicas, o incluso a ver sus iniciativas bloqueadas. Aunque ya no hay tantos terratenientes, algunos hijos y nietos de la administración franquista siguen ahí, y en cualquier caso la derecha las tiene bien amarradas en varias provincias. A título de anécdota, podemos recordar el caso de Isabel Carrasco en León, que cuando fue asesinada ostentaba DOCE cargos políticos en la provincia.

 

Así que, como vemos, el medio rural castellano está absolutamente machacado, tanto en lo social como en lo económico y político.

Despoblado, con una mentalidad más influenciada por la presencia y herencia de la iglesia (que también ha robado su patrimonio a través de inmatriculaciones), con pequeños empresarios del agro que miran con recelo o abierta hostilidad al ecologismo o a las ideas menos ruralizadas, con mentalidades patriarcales, con los vínculos vecinales rotos, con la población más progresista-revolucionaria emigrada desde hace décadas, con menor proporción de profesiones liberales y menor actividad cultural… Con estos mimbres y estas complejidades, resulta difícil organizarse colectivamente, puesto que reina más la desconfianza y el individualismo que la comunalidad de antaño.

Tampoco puede esperarse que, de repente, los habitantes del medio rural simpaticen por posiciones urbanitas que no comprenden o que directamente rechazan. No se trata de que sean paletos fascistas (sin descartar que, por los factores ya mencionados, haberlos haylos, desde luego), es que este sistema ha machacado tanto el tejido social y el modo de vida rural que todo está desestructurado. Y si no se entiende esto, si nos quedamos en el insulto y desprecio gratuito y superficial, no se recuperará el dinamismo del medio rural, los lazos y el sentimiento de comunidad, y el capitalismo convertirá buena parte de Castilla en un territorio deshabitado, en un pozo hediondo de macrogranjas, zonas deforestadas, de parques de molinos a cuenta de la trama eólica, canteras a cielo abierto y explotaciones de fracking, y cosas peores que pueden llegar.

Anterior El lado más oscuro de las salas de apuestas en Gamonal
Siguiente Burgos y Madrid: gobierno prohíbe movilizaciones contra la OTAN

2 comentarios

  1. Germán
    14 febrero, 2022
    Responder

    El análisis elude cuestiones cruciales que explican por qué la población rural castellana es eminentemente conservadora. Señalaré las tres más importantes:

    *El más importante es el antitradicionalismo marxista y el recuerdo de la nefasta II República con su anticlericalismo y sus regulaciones urbanas contra los elementos comunales. Hoy en día, casi cualquier persona que se defina «de izquierdas» en el medio rural castellano defiende las tradiciones de su tierra: desde la caza hasta la festividad de la virgen de su pueblo e imponer una ruptura con la tradición bajo excusas «progresistas» lleva a la reacción:

    *La estructura de propiedad en Castilla y León ahora y en Castilla La Vieja desde principios del siglo XX se basa en la pequeña propiedad o en reducidos núcleos cooperativos, a diferencia de los grandes latifundios extremeños o andaluces.
    Esto sucede también en Galicia y explica la reacción y desconfianza de castellanos y gallegos, salvo en las zonas donde se concentran las pocas bolsas de obreros industriales, a cualquier iniciativa en favor de lo «público» (estatalizado y politizado en realidad) o, por supuesto, lo socialista/comunista.
    Es la misma situación ante la que se encontró Lenin cuando intentó aplicar el comunismo de guerra tras el triunfo de la Revolución y vio cómo los campesinos se negaron a colaborar con sus planes, provocando la mayor caída de producción en la historia de la Humanidad y, finalmente, la adopción de elementos de capitalismo de Estado a través de la NEP.

    *La arrogancia urbana progre de elementos absurdos como Alberto Garzón y compañía que pretende decir a la gente de los pueblos cómo vivir, qué carne comer, cómo divertirse, qué animales deben campar por sus zonas y a qué deben renunciar para atajar problemas inventados tipo el supuesto cambio climático, que en las zonas rurales de Castilla y León es algo que ni preocupa, ni supone efectos adversos en términos de cosechas o similares y que del que nadie está dispuesto a responsabilizarse a costa de empeorar su calidad de vida.

    Un saludo.

    • 14 febrero, 2022
      Responder

      Respecto al primer párrafo, era necesario en aquellos tiempos (como lo es ahora) disputarle a la iglesia el control de los hábitos de los pueblos. Sí, toda acción conlleva reacción, pero era un deber de la república confrontar el poder de la iglesia. Lo cual no está reñido con respetar y fomentar las tradiciones no religiosas.
      Con respecto a la propiedad, totalmente de acuerdo con el análisis de la propiedad, en este artículo nos hemos limitado a mencionar el minifundio pero en otros artículos lo tratamos más. Por cierto que las desposesiones de terrenos comunales empezaron a ser sistemáticas con los liberales, las desamortizaciones del siglo XIX.
      En cuanto a la arrogancia urbana, de acuerdo, salvo en el cambio climático que es ridículo cuestionar, como tampoco lo son el impacto de macrogranjas, fracking, canteras a cielo abierto, megaparques eólicos, etc. Y de hecho la agricultura se está industrializando, obligando al agricultor a gastar cada vez más en insumos químicos que a su vez deterioran el suelo, desde hace ya, como se sabe, mucho tiempo. Para subsistir, es necesario adaptarse, pero no como dicte el capitalismo verde ni a costa de empobrecer más aún el medio rural.

Dejar una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.